La crisis econ\u00f3mica empuja a trabajadores a la quiebra personal por salarios insuficientes frente a deudas crecientes.<\/p>\n\n\n\n
La crisis econ\u00f3mica que atraviesa la Argentina tiene su reflejo directo en los tribunales de Entre R\u00edos. All\u00ed, en expedientes que hasta hace poco eran excepcionales, comienza a consolidarse una tendencia preocupante: trabajadores formales, con empleo estable en el Estado, que terminan solicitando su propia quiebra. El fen\u00f3meno -que se refleja en sentencias y el Bolet\u00edn Oficial entrerriano- expone con crudeza un dato estructural: el salario dej\u00f3 de ser garant\u00eda de subsistencia y, en muchos casos, ni siquiera alcanza para sostener el pago de deudas b\u00e1sicas.<\/p>\n\n\n\n
El deterioro no es aislado. M\u00e1s de dos millones de cr\u00e9ditos ingresaron en situaci\u00f3n de atraso en el pa\u00eds, con fuerte peso de tarjetas, fintech y entidades no bancarias. El endeudamiento ya no responde a la compra de bienes durables, sino a gastos corrientes: alimentos, medicamentos, alquiler. En ese contexto, la morosidad crece y empuja a sectores medios y trabajadores estatales a un escenario l\u00edmite.<\/p>\n\n\n\n
Casos recientes<\/p>\n\n\n\n
Los expedientes judiciales recientes en Entre R\u00edos permiten ponerle rostro a esta crisis. Uno de los casos m\u00e1s ilustrativos es el de R, empleada del Ministerio de Desarrollo Humano, quien llev\u00f3 su caso a la Justicia. Hasta mayo de 2025, seg\u00fan relat\u00f3 en los Tribunales, su econom\u00eda era ajustada pero manejable. Sin embargo, el peso de las deudas termin\u00f3 por desbordar cualquier margen. Con un salario de aproximadamente $1.192.000, los descuentos alcanzaban los $952.000, dej\u00e1ndole un ingreso neto cercano a los $239.000. Ese monto no solo resultaba insuficiente para sostener a sus hijos, que est\u00e1n exclusivamente a su cargo, sino que tampoco cubr\u00eda el alquiler mensual de m\u00e1s de $347.000. Su pasivo, compuesto por 12 acreedores, ascend\u00eda a $12.646.000. La cesaci\u00f3n de pagos se produjo en mayo de 2025, cuando dej\u00f3 de cumplir con la mayor\u00eda de sus obligaciones, salvo aquellas que se debitaban directamente de su salario. El juez finalmente declar\u00f3 su quiebra el 18 de marzo de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Una situaci\u00f3n similar atraves\u00f3. E.B., quien combinaba dos empleos \u2014uno en una asociaci\u00f3n civil y otro en el Estado provincial\u2014 para sostener a sus dos hijos menores. Su equilibrio financiero se quebr\u00f3 hacia mayo de 2025, luego de haber mantenido cierta estabilidad hasta fines de 2024. Con un pasivo estimado en m\u00e1s de $10.870.000, su situaci\u00f3n crediticia ya era cr\u00edtica: registros del Banco Central la ubicaban en categor\u00edas que van desde \u201ccon problemas\u201d hasta \u201cirrecuperable\u201d, con deudas en bancos y financieras. Em el expediente judicial detall\u00f3 descuentos constantes en sus haberes y la imposibilidad de cubrir gastos b\u00e1sicos del hogar. El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N\u00ba 9 de Concursos y Quiebras, \u00c1ngel Moia, acredit\u00f3 su estado de insolvencia y declar\u00f3 su quiebra el 6 abril de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
El caso de A.C, trabajador del Ministerio de Salud en Villaguay, muestra otro recorrido dentro del mismo problema. En su presentaci\u00f3n en la Justicia de su localidad, ubic\u00f3 el inicio de la cesaci\u00f3n de pagos a comienzos de 2024, cuando comenzaron los descuentos y las intimaciones de acreedores. Su planteo ante la Justicia no solo expone la imposibilidad de afrontar la deuda, sino tambi\u00e9n el riesgo de no poder cubrir necesidades vitales b\u00e1sicas. A diferencia de otros expedientes, C. hab\u00eda solicitado un concurso preventivo, buscando evitar la quiebra, pero su situaci\u00f3n evidencia la misma matriz: ingresos insuficientes frente a un endeudamiento creciente. El juez Civil y Comercial N\u00ba 2 de Villaguay, Alfredo Alesio Eguiazu, declar\u00f3 la quiebra el 18 de marzo.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s extremo a\u00fan resulta el caso de un polic\u00eda de Paran\u00e1. Con apenas un a\u00f1o y medio de antig\u00fcedad en la fuerza, percib\u00eda un salario bruto cercano a $1.137.000. Sin embargo, los descuentos lo dejaban con apenas $40.000 disponibles. Su pasivo superaba los $10.755.000, concentrado en solo cuatro acreedores. La precariedad de su situaci\u00f3n lo llev\u00f3 a vivir en una dependencia polic\u00eda de la capital entrerriana, al no poder afrontar un alquiler. Incluso relat\u00f3 que antes de su crisis pod\u00eda ayudar econ\u00f3micamente a sus abuelos jubilados, algo que hoy le resulta imposible. Tras una primera negativa judicial por parte de Moia, la C\u00e1mara de Apelaciones revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y se dict\u00f3 su quiebra el 20 de marzo, seg\u00fan la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 UNO.<\/p>\n\n\n\n
En la misma l\u00ednea se inscribe el caso de una empleada municipal de Colonia Avellaneda. Con un salario de poco m\u00e1s de $1.052.000, los descuentos por cr\u00e9ditos alcanzaban los $872.000, reduciendo significativamente su ingreso disponible. Madre soltera, sin cuota alimentaria, y con 13 acreedores que sumaban m\u00e1s de $15.423.000, su situaci\u00f3n se torn\u00f3 insostenible a mediados de 2025. La imposibilidad de afrontar cuotas y el impacto de los d\u00e9bitos autom\u00e1ticos fueron determinantes en el deterioro de su econom\u00eda familiar. La Justicia consider\u00f3 acreditada la cesaci\u00f3n de pagos y decret\u00f3 su quiebra.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el caso de N.M. refleja no solo el peso de las deudas, sino tambi\u00e9n la fragilidad social que las rodea. Empleada administrativa del Ministerio de Salud, con un salario bruto de $1.284.927, terminaba percibiendo apenas $186.046 tras los descuentos. Divorciada, con tres hijas a cargo y sin asistencia econ\u00f3mica de los padres, su situaci\u00f3n habitacional depend\u00eda de la ayuda de su hermana. En una primera instancia, la Justicia rechaz\u00f3 su pedido de quiebra al considerar que no hab\u00eda elementos suficientes para acreditar la cesaci\u00f3n de pagos. Sin embargo, la decisi\u00f3n fue posteriormente revocada, reconociendo la gravedad de su situaci\u00f3n y declarando su quiebra el 20 marzo de 2026.<\/p>\n\n\n\n
Estos casos, con matices propios, comparten un denominador com\u00fan: el desfasaje entre ingresos y deudas. La combinaci\u00f3n de salarios congelados, inflaci\u00f3n persistente y acceso f\u00e1cil al cr\u00e9dito \u2014muchas veces a tasas elevadas\u2014 configura una trampa dif\u00edcil de eludir. Cuando el ingreso formal queda absorbido por descuentos autom\u00e1ticos, el margen de maniobra desaparece y la quiebra personal deja de ser una excepci\u00f3n para convertirse en una salida inevitable.<\/p>\n\n\n\n
En los tribunales entrerrianos, esta tendencia comienza a consolidarse como un s\u00edntoma m\u00e1s de una crisis que ya no distingue sectores.<\/p>\n\n\n\n
Proyectos en el Congreso<\/p>\n\n\n\n
La semana pasada, en la Comisi\u00f3n de Defensa del Consumidor de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n se expuso un informe del Centro de Econom\u00eda Pol\u00edtica Argentina (CEPA) en el que se detall\u00f3 que, a febrero de este a\u00f1o, la morosidad en entidades financieras alcanz\u00f3 el 11,2%, mientras que la que corresponde a entidades no financieras lleg\u00f3 al 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para pr\u00e9stamos personales bancarios) por encima de la inflaci\u00f3n proyectada.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, se precis\u00f3 que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un crecimiento del 45% (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.<\/p>\n\n\n\n
En dicha C\u00e1mara hay seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la situaci\u00f3n. Todas son impulsadas por legisladores opositores. Una iniciativa, por ejemplo, apunta a la creaci\u00f3n de un \u201cPrograma de desendeudamiento de las familias argentinas\u201d que implica una \u201cl\u00ednea de cr\u00e9dito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales\u201d. Otra plantea declarar la emergencia por dos a\u00f1os en materia crediticia de los hogares, impulsando medidas para aliviar el sobreendeudamiento.<\/p>\n\n\n\n
UNO ENTRE R\u00cdOS,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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