Lo dispuso el jefe de la fuerza, general de divisi\u00f3n Oscar Santiago Zarich, por pedido de la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas; el efecto inmediato es que dejar\u00e1n de percibir retiros, pensiones y la cobertura de la obra social.<\/p>\n\n\n\n
En la misma semana en que se cumplieron 50 a\u00f1os del golpe de Estado de 1976, el jefe del Ej\u00e9rcito, general de divisi\u00f3n Oscar Santiago Zarich, orden\u00f3 dar de baja a 34 militares que recibieron condenas firmes por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, que acumula siete sentencias en su contra, y 33 suboficiales.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del jefe militar fue en respuesta a un informe de la Procuraci\u00f3n de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace dos semanas hab\u00eda detectado 78 casos de miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad con sentencia firme que no hab\u00edan sido desafectados, como ordena la ley vigente.<\/p>\n\n\n\n
En los casos de militares condenados en causas de lesa humanidad corresponde aplicar la baja, que significa la p\u00e9rdida del estado militar. Eso implica que dejan de percibir el cobro de pensiones y el acceso a la obra social, beneficios que en estos casos se manten\u00edan.<\/p>\n\n\n\n
A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa Luis Petriorden\u00f3 la baja de 23 militares condenados por la Justicia con sentencia firme, lo que en su momento gener\u00f3 inquietud en el Ej\u00e9rcito. En ese momento el jefe de la fuerza era el teniente general Carlos Alberto Presti, actual ministro y sucesor de Petri.<\/p>\n\n\n\n
El caso Amelong<\/p>\n\n\n\n
Entre los militares dados de baja ahora se encuentra el teniente coronel Amelong, cuyo nombre se mencion\u00f3 en noviembre de 2023 durante el debate entre los candidatos a vicepresidente de la Naci\u00f3n, cuando Agust\u00edn Rossi (Uni\u00f3n por la Patria) le plante\u00f3 a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) la necesidad de conocer su posici\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de los militares detenidos por su actuaci\u00f3n en la dictadura militar.<\/p>\n\n\n\n
La actual titular del Senado consider\u00f3 injusta la detenci\u00f3n de Amelong, al recordar que su padre, que era ingeniero y ten\u00eda 11 hijos, fue asesinado por Montoneros en Rosario en 1974, durante un gobierno constitucional. \u201cHoy su hijo est\u00e1 preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto: \u00bfpor qu\u00e9 no est\u00e1n presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?\u201d, dijo Villarruel.<\/p>\n\n\n\n
Con condenas en cinco causas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas perpetuas, seg\u00fan los expedientes Amelong integr\u00f3 en los a\u00f1os 70 grupos de tareas que depend\u00edan del Destacamento 121 de Inteligencia del Ej\u00e9rcito.<\/p>\n\n\n\n
Los militares que fueron dados de baja en la nueva resoluci\u00f3n firmada por el jefe del Ej\u00e9rcito son los tenientes coroneles Juan Daniel Amelong, Rafael Mariano Braga, Jorge Alberto Fari\u00f1a, H\u00e9ctor Mario Juan Filippo, Marino H\u00e9ctor Gonz\u00e1lez, An\u00edbal Alberto Guevara Molina, Ernesto Hugo Kishimoto, Dardo Migno Pipaon, Enrique Pedro Mones Ruiz, Alberto Rivas, Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi y Emilio Juan Huber, los mayores Gustavo Adolfo Alsina, Jorge Humberto Appiani, Leopoldo Norberto Cao, Carlos Antonio Espa\u00f1adero, Norberto Ra\u00fal Tozzo, Armando Nicol\u00e1s Mart\u00ednez y Domingo Morales, los capitanes Enrique Jos\u00e9 Berthier, Walter Jos\u00e9 Grosse, Jos\u00e9 Eduardo Bulgheroni, H\u00e9ctor Pedro Vergez, Juan Carlos De Marchi y V\u00edctor Alejandro Gallo, el teniente primero Horacio Rub\u00e9n Leitesm los suboficiales mayores Carlos Ibar P\u00e9rez, Luis Jos\u00e9 Ricchiuti, Oscar Ram\u00f3n Obaid, C\u00e9sar Dar\u00edo D\u00edaz, Jos\u00e9 Anselmo Appelhans, Jos\u00e9 Luis Ojeda y los suboficiales principales Alberto Callao y Enrique Charles Casagrande.<\/p>\n\n\n\n
Ausencia de registros<\/p>\n\n\n\n
El informe de la PIA, cuyo director es el doctor Sergio Leonardo Rodr\u00edguez, se sustenta en \u201cun marco jur\u00eddico claro que impone al Estado la obligaci\u00f3n de disponer la baja administrativa definitiva de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que integraron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, una vez adquirida firmeza la sentencia penal\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2024, la PIA solicit\u00f3 a la Armada que la propia fuerza requiriera al ministro de Defensa que se dispusiera la baja de siete oficiales superiores con sentencia firme y curs\u00f3 un pedido similar a la Fuerza A\u00e9rea para solicitar la baja de dos oficiales.<\/p>\n\n\n\n
El organismo advirti\u00f3 en el informe sobre \u201cla ausencia de una pol\u00edtica estatal coordinada que asegure el cumplimiento oportuno e integral de las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de las condenas penales firmes\u201d. Observ\u00f3, al respecto, \u201crespuestas fragmentadas, dilaciones injustificadas y, en algunos casos, reticencias institucionales que obstaculizan la finalizaci\u00f3n de los procedimientos administrativos de baja, a pesar de la inexistencia de controversias judiciales pendientes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n alert\u00f3 sobre la inexistencia de mecanismos adecuados, actualizados y articulados de registro, seguimiento y control, tanto en las dependencias estatales con competencia en la administraci\u00f3n del personal de las fuerzas como en las instancias vinculadas a la ejecuci\u00f3n de las sentencias judiciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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