Este martes, por fuera del orden del día, ingresó a la sesión del Concejo Deliberante de Chajarí, un proyecto mediante el cual se plantea una reglamentación para deducir de los salarios o dietas, las deudas que mantienen quienes cumplen función en el municipio.
Se incluye al presidente municipal, vicepresidente, secretarios, coordinadores o cualquier personal jerárquico del Ejecutivo, concejales, miembros del Juzgado de Faltas, entre otros.
El área de Rentas sería el organismo encargado de aplicar las deducciones, en caso que se apruebe la iniciativa. La misma pasó a la comisión de Asuntos Generales, que integran Diego Etchegoyen, Iván Stivanello y Gisela Peliquero.
El proyecto fue ingresado por el bloque de Juntos por Chajarí. Etchegoyen admitió que su idea prendió entre los pares y por ello acompañaron con la propuesta.
En diálogo con Radio Chajarí, el concejal contextualizó el tema, indicando que existe una normativa provincial que permite descontar de los salarios las deudas por cuota alimentaria.
En el ámbito municipal, “podes pedir, como funcionario, que te descuenten del sueldo las tasas o deudas”, apuntó, pero no una ordenanza que obligue al respecto.
Explicó que el proyecto establece que “la Tesorería tenga la potestad de, a cualquier funcionario, descontar la deuda que tenga (…) para todo el que cobre y perciba un sueldo del municipio”.
“Entró por fuera del orden del día. Se dio así. Hace meses que veníamos elaborándolo”, dijo más adelante sobre la condición de ingreso del proyecto a la última sesión legislativa. “A un proveedor, lo primero que le piden es el ‘libre de deuda’ (…) Esto es ampliar el espectro y decir somos todos iguales ante la ley”, apuntó.
Por otra parte, Etchegoyen reconoció que fue un proyecto de mucho debate, que fue sufriendo modificaciones desde la idea primaria. Entre ellas, comentó que su intención era “ficha limpia”. “No asumir al cargo si tenes deudas, eso pretendía yo (…) pero no se puede sancionar por encima de lo que está en la provincia o nación”, aclaró.
El edil entendió que hay muchas cosas por ir mejorando “y no quisiera irme (de la concejalía) sin dejar mi granito de arena”. En ese sentido refirió también a algunas ideas que analiza sobre el tránsito, la necesidad de una legislación con relación movilidad a través de diferentes tipos de vehículos y el sentido de circulación de algunas calles, entre otras.
“Una decisión política”
El abogado Pedro Miñones opinó sobre el tema. Dijo que los municipios, como el gobierno provincial y nacional, tienen una vía rápida de ejecutar las deudas vencidas o las que no son pagas, incluso las multas. “Tienen el juicio de apremio fiscal. El juicio ejecutivo, rápido, donde un intendente certifica la deuda del contribuyente y, automáticamente, se le pide el embargo preventivo de un bien o hasta la cuenta corriente o bancaria”, señaló por el mismo medio.
Aseguró que es una decisión política, “hay que intimar y, si no paga, se inicia el juicio de apremio”.
“La decisión la toma el Ejecutivo cuando también debiera ser inmediata la denuncia y actuación contra el Ejecutivo cuando la deja prescribir”, remarcó.
Hizo hincapié en el poder de los municipios para ejecutar las deudas. “Las multas de tránsito vienen con una sentencia del juez de Faltas, también se ejecutan por la vía del apremio (los municipios) tienen fuerza legal, judicial y policial”, agregó el abogado.
Al igual que en otras oportunidades, Miñones bregó por la carta orgánica municipal “de la que tantas veces hemos hablado”. “Ningún municipio entrerriano sancionó una carta orgánica municipal, hubo algunos intentos. La provincia no quiere perder su quintita”, resaltó Miñones.
