La controversia por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios nacionales y legisladores oficialistas sumó un nuevo capítulo tras conocerse que más de 1.100 integrantes del Estado accedieron a préstamos del Banco Nación.
El otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios nacionales, legisladores oficialistas y empleados del sector público volvió a quedar en el centro de la escena política. La controversia se reavivó luego de que trascendiera que más de 1.100 préstamos fueron otorgados a funcionarios y trabajadores vinculados al Estado, en medio de denuncias por presuntos privilegios y pedidos de investigación judicial.
La discusión comenzó semanas atrás cuando se conoció que integrantes del Gobierno nacional y referentes de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA). La información surgió a partir de registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central y motivó pedidos de informes en el Congreso y presentaciones judiciales.
Cuántos créditos se otorgaron
Según datos oficiales difundidos por el propio Banco Nación, la entidad ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios a través de su línea +Hogares. De ese total, alrededor de 11.200 corresponden a empleados del sector público. Dentro de ese universo se encuentran más de 1.100 funcionarios nacionales que accedieron a la financiación.
El dato generó cuestionamientos debido a que varios de los beneficiarios ocupan cargos jerárquicos dentro del Gobierno o integran el bloque oficialista en el Congreso. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del área económica, asesores ministeriales, directivos de organismos nacionales y legisladores libertarios.
Las denuncias y las sospechas
La oposición puso el foco en las condiciones de acceso a los préstamos y en la capacidad de pago de algunos beneficiarios. Diputados nacionales presentaron pedidos de informes para determinar si existieron excepciones, beneficios especiales o evaluaciones crediticias diferentes a las que enfrenta cualquier ciudadano.
Además, se presentaron denuncias judiciales para investigar si hubo posibles irregularidades en el otorgamiento de los créditos. Las presentaciones buscan determinar si existió tráfico de influencias, trato preferencial o incumplimientos en los controles habituales que exige el sistema financiero.
La causa ya quedó radicada en la Justicia Federal y continúa en etapa de análisis preliminar.
Qué respondió el Banco Nación
Desde la entidad rechazaron las acusaciones y aseguraron que todos los préstamos fueron aprobados bajo los mismos criterios que se aplican al resto de los clientes.
Las autoridades del banco sostienen que no hubo créditos VIP ni condiciones especiales para funcionarios. También explicaron que una parte importante de los beneficiarios pertenece al sector público porque el Banco Nación administra una gran cantidad de cuentas sueldo de empleados estatales, lo que amplía el universo de potenciales solicitantes.
Según la entidad, los créditos fueron otorgados tras superar los procesos habituales de evaluación crediticia, análisis de ingresos y capacidad de pago.
La defensa de Javier Milei
El propio presidente de la Nación, Javier Milei, salió a respaldar a los funcionarios involucrados y aseguró que los préstamos se otorgaron a tasas de mercado y dentro de las normas vigentes.
El mandatario sostuvo que no existieron privilegios ni irregularidades y cuestionó las críticas de la oposición sobre el tema.
Mientras tanto, la polémica sigue abierta y suma capítulos tanto en el ámbito político como en la Justicia, donde se intenta determinar si los créditos se otorgaron bajo condiciones comunes o si algunos funcionarios recibieron beneficios que no estuvieron disponibles para el resto de los ciudadanos.
