Uno de los objetivos primordiales del Gobierno con la reforma política que presentó en el Senado es llegar a la compulsa presidencial de octubre de 2027 con la menor cantidad de elecciones intermedias posibles que puedan generar un clima político y económico adverso capaz de poner en riesgo la reelección del presidente Javier Milei.
Es por ello que, a nivel nacional, la reforma propone la eliminación de las elecciones primarias (PASO) −que deberían celebrarse en agosto− y, en paralelo, introduce un rediseño de la boleta única de papel (BUP) para incentivar a los gobernadores a que celebren las elecciones provinciales de manera simultánea con las generales de octubre. Una racha de resultados eventualmente negativos en las provincias es lo que justamente el oficialismo pretende evitar antes de la elección presidencial.
